lunes, 11 de enero de 2010

En 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas tomó el acuerdo de declarar la jornada del 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El acuerdo fue promovido por la representación de la República Dominicana como homenaje y recuerdo a las hermanas Mirabal, (Minerva, Patria y María Teresa) luchadoras sociales de la República Dominicana que, ese día de 1960, fueron asesinadas por la policía secreta del dictador Trujillo después de haberlas torturado cruelmente.

Dentro de unos días conmemoraremos también el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, en ese contexto, el día de hoy ha de servir para poner de manifiesto, una vez más, que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos que ninguna sociedad puede asumir ni tolerar, pues ello supondría negar a las mujeres de forma colectiva su estatus como personas. Una sociedad que vulnere los derechos humanos de las mujeres no puede considerarse democrática.

La estrategia para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, para ser eficaz, ha de partir de que los actos de violencia contra ellas vulneran su dignidad como seres humanos, entrañando además discriminación que conculca su derecho a la igualdad. Habrá de partirse además de que su profunda raíz se encuentra en el estatus de subordinación que históricamente se ha asignado a las mujeres respecto a los hombres, y que la dificultad de su eliminación se complica por las múltiples formas que presenta: coacciones, amenazas, lesiones, vejaciones, mutilaciones genitales, abusos sexuales, violaciones, acoso sexual, tráfico de mujeres, prostitución forzada, prohibición de ejercer actividades permitidas a los hombres, y cualquier otra limitación arbitraria de su derecho a la libertad; y asimismo de los distintos ámbitos en los que se puede producir: en el familiar, en el de las relaciones sociales o en el de las laborales, sin olvidar que en muchos casos la violencia contra las mujeres es ejercida o tolerada por el propio Estado.

Además ha de tenerse en cuenta que en muchas mujeres concurren factores que contribuyen a aumentar su subordinación y vulnerabilidad a la violencia, ya que a su condición de mujer se suman otras causas de discriminación derivadas de pertenecer a una raza o religión, o de vivir en condiciones de pobreza o de carecer de estatus de ciudadanía, situación de las mujeres inmigrantes. Se ha calculado que una de cada tres mujeres sufrirá alguna forma de violencia de género durante sus vidas.

La batalla por la erradicación de la violencia contra las mujeres exige necesariamente la implicación y el convencimiento de los estados y de la sociedad en general, debiendo mantenerse el pulso sin triunfalismos, adoptando medidas de prevención y protección a corto, medio y largo plazo, a las que habrá de dotarse de los medios necesarios para garantizar su eficacia.

En nuestro país, tras la promulgación de la Ley Integral, el principal reto pendiente es el de arbitrar los medios necesarios que permitan poner en práctica las medidas previstas en la norma, debiendo ponerse especial acento en la prevención y protección de las mujeres inmigrantes, pues en muchas de ellas concurren diversos factores que contribuyen a aumentar su subordinación y su vulnerabilidad a la violencia.

No hay comentarios: